Thursday, January 3, 2008


Reos podrán estar en libertad con brazalete electrónico
La medida, ejecutada en coordinación con la Procuraduría General de la República, permitirá que personas procesadas por infracciones menores puedan cumplir sus penas en sus domicilios centro hospitalario, y demás localidades en que se encuentren, tal y como lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 226, numeral 5. Las autoridades confían en que está iniciativa disminuya el número de reclusos en las cárceles.
Alejandro Moscoso Segarra, Comisionado de Justicia, explicó que el plan piloto se desarrollará en la provincia de Santo Domingo, el cual incluye una muestra inicial de 10 brazaletes, siete para imputados de delitos menores y tres para casos de violencia intrafamiliar.
El costo de cada uno de los brazaletes es de US$4 dólares diario, lo que permite ahorrar al Estado los gastos por concepto de alimentación de los reclusos, pago de custodias, entre otros.
El lanzamiento del plan piloto para el uso de brazalate electrónico como medida de coerción se llevó a cabo durante una rueda de prensa celebrada en las oficinas del Comisionado de Justicia.
Moscoso Segarra dijo que la implementación de esta medida busca medir los niveles de factibilidad del brazalete o localizador a los imputados que estén recluidos en su domicilio, establecimiento de salud o en determinado territorio, así como a personas con orden de protección.
Especificó que esta opción implica un costo diario de 4 dólares, y que sería costeado por el Estado en principio, además de señalar que la medida no es nueva ya que se desarrolla en otros países como en Estados Unidos, Argentina, Chile, Panamá y en la Unión Europea.
“El proyecto se enmarca en las estrategias de la CONAEJ y el CARMJ, en su calidad de vicepresidente ejecutivo de la comisión. La iniciativa fue aprobada por el pleno de la CONAEJ el 14 de marzo del 2007”, señaló el Comisionado de Justicia.
Mientras que el fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, aclaró que la medida no será aplicable a casos de delitos mayores como delitos de sangre, agresión sexual, narcotráfico, entre otros.
El beneficiario del brazalete podrá estar en arresto domiciliario mientras se cumpla la medida de coerción impuesta por el juez. Después del período de prueba y según se compruebe su factibilidad, la medida se extenderá a todo el territorio nacional.
Los brazaletes serán suministrados por la empresa Domicorp Group, C x A, cuyo representante Juan Ramón Pol, explicó que a las personas que se sometan a la medida de manera voluntaria, se les colocará el artefacto en el tobillo o en la muñeca, y cada movimiento será notificado por el aparato transmisor.
En los casos de intento de romper el brazalete o salir del perímetro establecido, inmediatamente el aparato, mediante ondas magnéticas, transmitiría la inventiva al Departamento Judicial correspondiente, en cuestiones de segundos.
El plan piloto abarca un tiempo de prueba, según lo establecido por el juez, de tres a seis meses, a partir del 7 de enero que es la fecha de inicio.
Al acto de lanzamiento asistieron además, la magistrada Olga Herrera Calbucia, jueza presidente de la cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la provincia Santo Domingo; la licenciada Joane Taveras, coordinadora de la Defensa Pública de la provincia Santo Domingo; Julio César Castro, primer adjunto del procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santo Domingo; Simón Santana, representante de la empresa Domicorp.
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