Este año aumentarán las deportaciones de ex reos desde EEUU
El objetivo de acelerar las deportaciones de inmigrantes convictos es reducir los costos en los que incurren las prisiones federales y estatales por albergar a estos delincuentes extranjeros, dijo la directora del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), Julie L. Myers, a la edición digital del diario The New York Times.
El año pasado, la agencia, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), presentó cargos formales por violar la ley de inmigración estadounidense contra 164.000 inmigrantes que cumplen condena por delitos cometidos en EE.UU.
Muchos de estos inmigrantes se encuentran todavía en EE.UU., pero este año serán deportados a sus respectivos países, explicó Myers.
El incremento en las deportaciones de delincuentes nacidos en el extranjero ha sido constante en los últimos años, pues en 2006 el ICE identificó a un total de 64.000 inmigrantes presos, un número muy inferior a los registrados en los dos años siguientes.
La mayoría de estos reos fueron deportados, según Myers.
La decisión del Gobierno supondrá una "carga significativa" para los centros de detención del ICE y los aviones utilizados para las deportaciones, la mayoría del Departamento de Justicia, dijo la directora de la agencia federal.
El año pasado, el Congreso autorizó un presupuesto de 200 millones de dólares para programas de deportación de delincuentes extranjeros.
Bajo la ley estadounidense, los inmigrantes que han sido condenados por haber cometido un delito solamente son deportados una vez hayan cumplido su sentencia en el país.
Entre los extranjeros presos se encuentra un gran número de inmigrantes legales, pero que perdieron su estatus de residente tras haber sido condenados por comisión de delitos.
El ICE trabajará con las autoridades estatales en programas que permitan a inmigrantes presos en EE.UU. por delitos sin violencia reducir su condena si acceden a ser deportados inmediatamente después de salir de la cárcel.
En 2007 el ICE deportó a un total de 276.912 inmigrantes, incluidos los que nunca fueron detenidos por cometer delitos pero que violaron la ley de inmigración.
El ICE también intensificará este año su lucha contra empresas que contratan a trabajadores ilegales.
El año pasado la agencia emitió multas y ordenó confiscaciones a empresas por un total de 30 millones de dólares.
Las autoridades detuvieron menos de cien directivos o responsables de Recursos Humanos por contratar a indocumentados, frente a 4.100 empleados que afrontaron cargos por violar la ley de inmigración.
Por su parte, Myers confirmó al diario que la agencia adoptó la semana pasada una nueva política que establece que ningún agente de inmigración estadounidense puede sedar a las personas que son deportadas sin autorización previa de un juez.
La decisión, adoptada en un documento interno el 9 de enero, responde a una demanda presentada en un juzgado de California por la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), por considerar que esta práctica podría constituir tortura y violar la Carta de Derechos de EE.UU., así como las leyes federales sobre el tratamiento médico de los detenidos.
ACLU presentó la demanda después de que dos inmigrantes revelaron que fueron sedados por parte de agentes de inmigración durante intentos de deportarles.
El año pasado, la agencia, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), presentó cargos formales por violar la ley de inmigración estadounidense contra 164.000 inmigrantes que cumplen condena por delitos cometidos en EE.UU.
Muchos de estos inmigrantes se encuentran todavía en EE.UU., pero este año serán deportados a sus respectivos países, explicó Myers.
El incremento en las deportaciones de delincuentes nacidos en el extranjero ha sido constante en los últimos años, pues en 2006 el ICE identificó a un total de 64.000 inmigrantes presos, un número muy inferior a los registrados en los dos años siguientes.
La mayoría de estos reos fueron deportados, según Myers.
La decisión del Gobierno supondrá una "carga significativa" para los centros de detención del ICE y los aviones utilizados para las deportaciones, la mayoría del Departamento de Justicia, dijo la directora de la agencia federal.
El año pasado, el Congreso autorizó un presupuesto de 200 millones de dólares para programas de deportación de delincuentes extranjeros.
Bajo la ley estadounidense, los inmigrantes que han sido condenados por haber cometido un delito solamente son deportados una vez hayan cumplido su sentencia en el país.
Entre los extranjeros presos se encuentra un gran número de inmigrantes legales, pero que perdieron su estatus de residente tras haber sido condenados por comisión de delitos.
El ICE trabajará con las autoridades estatales en programas que permitan a inmigrantes presos en EE.UU. por delitos sin violencia reducir su condena si acceden a ser deportados inmediatamente después de salir de la cárcel.
En 2007 el ICE deportó a un total de 276.912 inmigrantes, incluidos los que nunca fueron detenidos por cometer delitos pero que violaron la ley de inmigración.
El ICE también intensificará este año su lucha contra empresas que contratan a trabajadores ilegales.
El año pasado la agencia emitió multas y ordenó confiscaciones a empresas por un total de 30 millones de dólares.
Las autoridades detuvieron menos de cien directivos o responsables de Recursos Humanos por contratar a indocumentados, frente a 4.100 empleados que afrontaron cargos por violar la ley de inmigración.
Por su parte, Myers confirmó al diario que la agencia adoptó la semana pasada una nueva política que establece que ningún agente de inmigración estadounidense puede sedar a las personas que son deportadas sin autorización previa de un juez.
La decisión, adoptada en un documento interno el 9 de enero, responde a una demanda presentada en un juzgado de California por la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), por considerar que esta práctica podría constituir tortura y violar la Carta de Derechos de EE.UU., así como las leyes federales sobre el tratamiento médico de los detenidos.
ACLU presentó la demanda después de que dos inmigrantes revelaron que fueron sedados por parte de agentes de inmigración durante intentos de deportarles.
