Roberto Salcedo declaró bienes por 114 millones de pesos
El Ayuntamiento envió a la redacción de Clave Digital una copia del documento de declaración jurada hecha por el síndico, en fecha 30 de octubre del 2006 y remitida al director del Departamento de Prevención a la Corrupción Administrativa (DPCA), Octavio Lister, el 3 de noviembre de ese año.
En el documento se señala que el patrimonio del sindico Esmerito (Roberto) Salcedo Gavilán asciende a 114 millones 700 mil pesos.
De acuerdo con los abogados, la declaración jurada de Salcedo no aparece en las Declaraciones Juradas de Patrimonios del DPCA, correspondiente a la página Web de la Procuraduría General de la República, ni en las declaraciones juradas publicadas por el movimiento cívico Participación Ciudadana.
La última fecha de actualización de la página Web de Participación Ciudadana es de junio del año 2007.
Los representantes legales de la publicitaria Impacto Urbano hicieron el reclamo la semana pasada, señalando que la declaración es un requisito para iniciar el cobro astreinte o compensación que le impuso la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por alegado incumplimiento del acuerdo que lo obliga a reconocer los derechos contractuales de esa empresa.
Los abogados de Impacto Urbano explicaron que el monto del astriente asciende actualmente a más 12 millones de pesos. La cifra aumenta a razón de diez mil pesos diarios, $70 mil semanales, $300 mil mensuales y $3.6 millones anuales, hasta que se cumpla el mandato judicial que ordena respetar los derechos contractuales de la publicitaria.
Sin embargo, las autoridades del Ayuntamiento sostienen que la compañía publicitaria no firmó ningún contrato con esta dependencia, y que se amparan en una resolución de la Sala Capitular en la gestión de Johny Ventura que le autorizaba a firmar un contrato de operación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, procedimiento que asegura el Ayuntamiento no fue llevado a cabo.
Este martes, el secretario general de Ayuntamiento de DN, Domingo Contreras, consideró que la querella presentada por Impacto Urbano es una reacción a las acciones legales interpuestas por la corporación edilicia contra dicha empresa por la colocación de vallas publicitarias sin autorización ni la firma de un contrato que regularice sus actividades.
Contreras afirmó que ante la negativa de esa empresa publicitaria a adquirir los permisos correspondientes para la colocación de sus vallas en la ciudad y frente a la decisión de Impacto Urbano de iniciar un asedio judicial en contra del síndico Roberto Salcedo, el ADN se vio compelido a aplicar la resolución 46-99 sobre Publicidad Exterior, que ordena el desmonte de los elementos publicitarios que no cuenten con autorización del Cabildo.
Entre los documentos entregados a Clave Digital por las autoridades edilicias se encuentran copia de dos certificaciones emitidas por los departamentos de Planeamiento Urbano, Transito y Movilidad Urbana, respectivamente, en las que se señala que dicha empresa carece de permisos y licencia para colocar anuncios en las vías publicas de la ciudad.
Las certificaciones fueron emitidas el pasado 24 de octubre a requerimiento del consultor jurídico del Ayuntamiento del DN, Joaquín López.
Asimismo, una certificación de la Dirección de Ingresos de ADN indica que desde el 1 de enero hasta la fecha no se ha emitido factura ni recibido pago relativo a los arbitrios por la colocación de elementos publicitarios en espacio público de la empresa Impacto Urbano.
En el documento se señala que el patrimonio del sindico Esmerito (Roberto) Salcedo Gavilán asciende a 114 millones 700 mil pesos.
De acuerdo con los abogados, la declaración jurada de Salcedo no aparece en las Declaraciones Juradas de Patrimonios del DPCA, correspondiente a la página Web de la Procuraduría General de la República, ni en las declaraciones juradas publicadas por el movimiento cívico Participación Ciudadana.
La última fecha de actualización de la página Web de Participación Ciudadana es de junio del año 2007.
Los representantes legales de la publicitaria Impacto Urbano hicieron el reclamo la semana pasada, señalando que la declaración es un requisito para iniciar el cobro astreinte o compensación que le impuso la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por alegado incumplimiento del acuerdo que lo obliga a reconocer los derechos contractuales de esa empresa.
Los abogados de Impacto Urbano explicaron que el monto del astriente asciende actualmente a más 12 millones de pesos. La cifra aumenta a razón de diez mil pesos diarios, $70 mil semanales, $300 mil mensuales y $3.6 millones anuales, hasta que se cumpla el mandato judicial que ordena respetar los derechos contractuales de la publicitaria.
Sin embargo, las autoridades del Ayuntamiento sostienen que la compañía publicitaria no firmó ningún contrato con esta dependencia, y que se amparan en una resolución de la Sala Capitular en la gestión de Johny Ventura que le autorizaba a firmar un contrato de operación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, procedimiento que asegura el Ayuntamiento no fue llevado a cabo.
Este martes, el secretario general de Ayuntamiento de DN, Domingo Contreras, consideró que la querella presentada por Impacto Urbano es una reacción a las acciones legales interpuestas por la corporación edilicia contra dicha empresa por la colocación de vallas publicitarias sin autorización ni la firma de un contrato que regularice sus actividades.
Contreras afirmó que ante la negativa de esa empresa publicitaria a adquirir los permisos correspondientes para la colocación de sus vallas en la ciudad y frente a la decisión de Impacto Urbano de iniciar un asedio judicial en contra del síndico Roberto Salcedo, el ADN se vio compelido a aplicar la resolución 46-99 sobre Publicidad Exterior, que ordena el desmonte de los elementos publicitarios que no cuenten con autorización del Cabildo.
Entre los documentos entregados a Clave Digital por las autoridades edilicias se encuentran copia de dos certificaciones emitidas por los departamentos de Planeamiento Urbano, Transito y Movilidad Urbana, respectivamente, en las que se señala que dicha empresa carece de permisos y licencia para colocar anuncios en las vías publicas de la ciudad.
Las certificaciones fueron emitidas el pasado 24 de octubre a requerimiento del consultor jurídico del Ayuntamiento del DN, Joaquín López.
Asimismo, una certificación de la Dirección de Ingresos de ADN indica que desde el 1 de enero hasta la fecha no se ha emitido factura ni recibido pago relativo a los arbitrios por la colocación de elementos publicitarios en espacio público de la empresa Impacto Urbano.
