Controversia migratoria tras matanza
Carranza estaba libre bajo una fianza de $5,000 cuando ocurrieron los asesinatos, pero los funcionarios de inmigración señalan que el indocumentado nunca habría vuelto a las calles si ellos hubieran recibido un aviso de las autoridades locales en octubre del 2006, después de su primera detención por un delito grave."Seguramente nos habríamos inclinado por llevarlo a un proceso de expulsión, si hubiéramos sabido de él", dijo Marc Raimondi, portavoz de la oficina federal de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)."Dado que él había cometido supuestamente un delito muy grave contra un niño, habría encabezado nuestra lista", agregó.Sin poder extraordinarioNueva Jersey es uno de los estados donde las autoridades locales no tienen que verificar la situación de inmigración de un detenido. Ahora, algunos opositores quieren que ello cambie."Si Nueva Jersey no está preparada para cooperar con los funcionarios federales para hacer cumplir la ley territorial, nuestro estado no es ya regido por leyes", dijo Richard Merkt, asambleísta local.El año pasado, el legislador republicano propuso una iniciativa para que los funcionarios de las cárceles remitieran a los indocumentados a las autoridades federales, pero el proyecto no prosperó.Graves acusacionesLa semana pasada, Carranza, de 28 años, fue acusado por el ataque contra cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años, abatidos a tiros en el patio de una escuela cercana a sus casas.Los tres que fallecieron fueron puestos de rodillas contra un muro, y recibieron disparos a una corta distancia.Un cuarto sobrevivió a un disparo en la cabeza.Otros dos jóvenes fueron detenidos, y las autoridades tienen una orden para arrestar a un cuarto sospechoso, Rodolfo Godínez, de 24 años.Preguntas sin respuestaRaimondi dijo que Godínez es residente permanente legal, y que obtuvo esa condición en el 2001, pese a varias detenciones.Caranza fue detenido en abril, por cargos de agresión y posesión de armas, derivados de la pelea, en julio, se le consignó por los delitos sexuales.En el primer caso se le fijó una fianza de $50 mil dólares y en el segundo otra de $150 mil, pero el acusado debió pagar sólo $5 mil, gracias a la intervención de un aval, según documentos de la corte.A petición del presidente del Senado estatal, Richard Codey, la procuradora estatal Anne Milgram accedió a revisar los casos de Carranza y Godínez para detectar posibles errores."Es claro que alguien se equivocó aquí; ahora estos tres buenos chicos están muertos y otro está gravemente herido", dijo Codey.
