República Dominicana es puente y destino de tráfico humano de gran explotaciónAhora, en la República Dominicana, hay víctimas de ese tráfico de Colombia y Venezuela, se reseña en el estudio. Sitúa también al país caribeño en el nivel 2 de vigilancia.
En el informe oficial del gobierno estadounidense titulado “Traffiking in Persons Report 2006-2007” (Reporte de Tráfico de Persona), el ministerio de exteriores, sostiene que la República Dominicana “es un recurso, tránsito y destinación de hombres, mujeres y niños que son traficados para explotación sexual comercial a Europa, Australia, Argentina, Brasil, Costa Rica, El Caribe, Panamá y Surinam”.
“Un significativo número de mujeres y niños también son traficados dentro del país, siendo obligados a prostituirse y a realizar trabajos forzados no propios de sus edades”, añade el Departamento de Estado.
Agrega que algunos niños nacidos en la República Dominicana, son víctimas del tráfico de bandas organizadas y algunos haitianos, incluyendo niños, son traficados para obligarlos a trabajar en los sectores de la construcción y la agricultura”.
Sostiene el reporte que “muchos viven hacinados en condiciones infra humanas en casuchas llamadas bateyes. Venezolanos y colombianos también denuncian que también son traficados y explotados, siendo obligados a trabajos forzados en la República Dominicana”.
Refiere que algunos nacionales chinos son contrabandeados, con alegada complicidad de oficiales consulares y de inmigración y son sometidos a condiciones de servidumbre involuntaria, mientras esperan conseguir un camino para llegar a los Estados Unidos.
Al criticar al actual gobierno, el Departamento de Estado, dice que las autoridades no están cumpliendo completamente con los estándares mínimos para la eliminación de ese tráfico. “No obstante, está haciendo significativos esfuerzos para hacerlo”.
“La República Dominicana está ahora en el nivel 2 en la lista de vigilancia, porque ha fracasado en presentar evidencias que demuestren que incrementando sus esfuerzos para combatir el tráfico humano, particularmente proveyendo asistencia y socorro a las víctimas y tomando vigorosas acciones contra la complicidad de sus oficiales de alto rango”, indica el reporte.
“Aunque la Procuraduría General de la República hizo un fuerte esfuerzo el año pasado para aplicar las leyes a los traficantes humanos, el gobierno debe aumentar la aplicación de la legislación contra el tráfico, capacitar su personal y dar un paso adelante para sacar de raíz a cualquier alto oficial que sea cómplice”, precisa el documento.
Llama a la República Dominicana a aumentar la protección a las víctimas de traficantes, a proveer garantías legales y aumentar las medidas de prevención con los recursos de que dispone en las agencias gubernamentales y organizaciones que provee hogares temporales y servicios sociales.
“Más atención, llegará directamente a identificar para la identificación y asistencia de las víctimas de tráfico desde Haití”, plantea el reporte.
Sostiene que durante el período del reporte, el gobierno hizo esfuerzos para investigar y perseguir a traficantes de ese crimen. “La República Dominicana prohibió legalmente toda forma de tráfico humano y aprobó leyes comprensivas que combaten el delito”.
Cita la ley 137-03 que establece penalidades de hasta más de 20 años en la cárcel. Recuerda que el año pasado, el gobierno dominicano procesó a 120 acusados de tráfico humano, consiguió la culpabilidad e impuso sentencias de entre 15 a 20 años.
En el informe oficial del gobierno estadounidense titulado “Traffiking in Persons Report 2006-2007” (Reporte de Tráfico de Persona), el ministerio de exteriores, sostiene que la República Dominicana “es un recurso, tránsito y destinación de hombres, mujeres y niños que son traficados para explotación sexual comercial a Europa, Australia, Argentina, Brasil, Costa Rica, El Caribe, Panamá y Surinam”.
“Un significativo número de mujeres y niños también son traficados dentro del país, siendo obligados a prostituirse y a realizar trabajos forzados no propios de sus edades”, añade el Departamento de Estado.
Agrega que algunos niños nacidos en la República Dominicana, son víctimas del tráfico de bandas organizadas y algunos haitianos, incluyendo niños, son traficados para obligarlos a trabajar en los sectores de la construcción y la agricultura”.
Sostiene el reporte que “muchos viven hacinados en condiciones infra humanas en casuchas llamadas bateyes. Venezolanos y colombianos también denuncian que también son traficados y explotados, siendo obligados a trabajos forzados en la República Dominicana”.
Refiere que algunos nacionales chinos son contrabandeados, con alegada complicidad de oficiales consulares y de inmigración y son sometidos a condiciones de servidumbre involuntaria, mientras esperan conseguir un camino para llegar a los Estados Unidos.
Al criticar al actual gobierno, el Departamento de Estado, dice que las autoridades no están cumpliendo completamente con los estándares mínimos para la eliminación de ese tráfico. “No obstante, está haciendo significativos esfuerzos para hacerlo”.
“La República Dominicana está ahora en el nivel 2 en la lista de vigilancia, porque ha fracasado en presentar evidencias que demuestren que incrementando sus esfuerzos para combatir el tráfico humano, particularmente proveyendo asistencia y socorro a las víctimas y tomando vigorosas acciones contra la complicidad de sus oficiales de alto rango”, indica el reporte.
“Aunque la Procuraduría General de la República hizo un fuerte esfuerzo el año pasado para aplicar las leyes a los traficantes humanos, el gobierno debe aumentar la aplicación de la legislación contra el tráfico, capacitar su personal y dar un paso adelante para sacar de raíz a cualquier alto oficial que sea cómplice”, precisa el documento.
Llama a la República Dominicana a aumentar la protección a las víctimas de traficantes, a proveer garantías legales y aumentar las medidas de prevención con los recursos de que dispone en las agencias gubernamentales y organizaciones que provee hogares temporales y servicios sociales.
“Más atención, llegará directamente a identificar para la identificación y asistencia de las víctimas de tráfico desde Haití”, plantea el reporte.
Sostiene que durante el período del reporte, el gobierno hizo esfuerzos para investigar y perseguir a traficantes de ese crimen. “La República Dominicana prohibió legalmente toda forma de tráfico humano y aprobó leyes comprensivas que combaten el delito”.
Cita la ley 137-03 que establece penalidades de hasta más de 20 años en la cárcel. Recuerda que el año pasado, el gobierno dominicano procesó a 120 acusados de tráfico humano, consiguió la culpabilidad e impuso sentencias de entre 15 a 20 años.
